El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó una enmienda al artículo 12.2 del Reglamento de Personal de la Policía de la isla con el fin de viabilizar la convocatoria de cadetes requerida para comenzar la academia en febrero de 2019.
«Hace unos meses junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública anunciamos la apertura de un Banco de Talentos para reclutar aspirantes a cadetes para la Academia de la Policía, como iniciativa para acelerar el proceso burocrático previo al adiestramiento y que así se pueda comenzar la academia con premura», dijo en un comunicado Rosselló.
El proceso de evaluación de aspirantes a cadetes puede tomar entre seis meses a un año y en consideración a ello, se comenzaron a realizar acciones afirmativas dirigidas a agilizar los trámites correspondientes.
La enmienda al Reglamento de Personal de la Policía tiene el objetivo ulterior de revisar y actualizar los requisitos de reclutamiento a las disposiciones del Acuerdo para la Reforma Sostenible.
Así también, es un requisito indispensable para proceder con la publicación de la convocatoria oficial que regirá el proceso de reclutamiento en el Negociado de la Policía.
Con estas enmiendas se busca cumplir con la orden del juez federal Gustavo A. Gelpí de comenzar una academia en dicho periodo, en concordancia con los requerimientos del Área de Cumplimiento de Reclutamiento, Selección y Nombramiento.
El acuerdo dispone crear un programa abarcador de reclutamiento y nombramiento que atraiga y emplee con éxito a personas cualificadas para ser policías.
Con esta enmienda se busca profesionalizar al cadete y futuro policía para garantizar que cuente con una serie de requisitos, tales como un grado asociado, estatura mínima y peso proporcional a la estatura, así como aptitud física, entre otros.
De igual forma, se busca que un cadete, quien consecuentemente se convertirá en un agente del orden público, sea diestro no solo en el trato a la ciudadanía, sino en el conocimiento de las máximas constitucionales, leyes y reglamentos que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
El mismo debe ostentar una formación integral para desempeñarse con éxito en el campo de la seguridad pública.
